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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN MÉXICO. PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVAS

Se presentará iniciativa de Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a cargo de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, presidida por la diputada del PRD Gloria Bautista Cuevas

2014-09-22 22:37:27.-
Alimentarse es una necesidad de los seres vivos determinante para el desarrollo pleno de sus facultades, su actividad productiva y su interacción con la sociedad. Así, el consumo de alimentos y agua con estándares mínimos de calidad de forma diaria y suficiente, que requiere el ser humano para vivir dignamente, será un factor clave del bienestar, desarrollo económico, político y social de su nación.
El reconocimiento del derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna deriva de larga historia de cabildeos que tuvieron fruto en el año 2011, al establecerse textualmente en el artículo 4º párrafo tercero:Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará;inscripción que responsabiliza al Estado de preservar el abasto suficiente y oportuno de los alimentos considerados como básicos y, hacer una atmósfera propicia en el que las personas puedan utilizar su plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos y sus familias.
La normatividad el derecho a la alimentación descrita en nuestra Constitución, dista de garantizarlo en la realidad, pues la experiencia de nuestro acontecer demuestra necesario crear los mecanismos legales e institucionales que contribuyan a ejercer de manera cabal este derecho y, el primer paso para lograrlo es hacer un análisis de la situación alimentaria en México, retomar las necesidades y erradicar los errores; principalmente en las políticas comerciales neoliberales y las fallidas políticas públicas asistencialistas, que no generan un avance significativo para terminar con el problema del hambre; el segundo paso, debiera ser, crear una ley reglamentaria que asegure la funcionalidad del mandato establecido en la Constitución y establezca mecanismos viables para que el ejercicio del derecho a la alimentación se ponga en práctica de manera efectiva.
Retomar la primera recomendación, nos invita a hacer un repaso de las cifras estadísticas de pobreza del período 1994 a 2012, con las cifras oficiales más recientes emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), demostrando que en los 18 años de estudio, la pobreza alimentaria en México ha sido un problema persistente con significativos repuntes porcentuales y presencia promedio en el 23.35% de los mexicanos. Es decir, este porcentaje de la población se encontró en imposibilidad de obtener una canasta básica alimentaria, aun si hubiera hecho uso de todo su ingreso disponible, véase la siguiente gráfica, situación que difícilmente podría ser contraria dos años después.
Ahora bien, según el último informe de pobreza en México, durante el 2012, la segunda privación social que más afecto a los mexicanos fue la carencia alimentaria, al manifestarse en poco más de un quinto de la población a nivel nacional; la existencia de este fenómeno se dio en todo el territorio, pero fue en los estados de Guerrero, Tabasco y Michoacán, donde una tercera parte padeció esta circunstancia. Y si segmentamos a nivel nacional es, entre los habitantes de las zonas rurales e indígenas donde predomina esta situación.
Respecto a la segunda recomendación, se concibe que todos somos responsables de hacer efectivos los derechos humanos, pero desde la labor legislativa nuestro compromiso por asegurar su ejercicio es fundamental; así que, los integrantes de La Comisión Especial de Asuntos Alimentarios hemos elaborado la iniciativa con proyecto de decreto Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, que tiene por objeto ser reglamentaria al artículo 4º párrafo tercero y demás relativos de nuestra Constitución en materia del derecho a la alimentación; por ende, manifiesta las acciones que permitirán solidificar las bases para garantizar el acceso, disfrute y ejercicio efectivo de este derecho con la colaboración de los tres órdenes de gobierno y, que a su vez propicien la autosuficiencia, seguridad, soberanía y educación alimentaria.
Para llevar a cabo este proyecto, se recibió el apoyo de especialistas en el tema alimentario, académicos, legisladores y ciudadanos comprometidos integrantes del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México. Quienes en conjunto elaboramos un análisis exhaustivo de todos los temas relacionados con la alimentación, las necesidades y la desafortunada problemática alimentaria a la que se enfrentan los mexicanos en su diario vivir; también de, las políticas públicas tendientes a la superación de la pobreza en nuestro país y su alcance, así como el análisis de las experiencias de otros países, para saber qué podríamos retomar.
Esta iniciativa, está dividida en cinco títulos: I) las disposiciones generales, II) la política alimentaria, III) el consumo, distribución y producción de alimentos, IV) la participación social, V) la exigibilidad, medios de impugnación, responsabilidades y sanciones. Con el fin de dar a conocer las prerrogativas de este proyecto, en los siguientes párrafos se describirá de manera sintética, los aspectos relacionados a los ejes rectores del derecho a la alimentación.
En el contenido de esta propuesta de Ley, se entiende como derecho a la alimentación adecuada a la disponibilidad de alimentos y agua para su consumo diario en cualquier momento, así como el acceso físico y económico a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que le permita al ser humano habitante del territorio nacional realizar sus funciones vitales, le posibilite su desarrollo integral y una vida digna, de acuerdo con su contexto cultural y sus necesidades específicas derivadas de su género, edad, origen étnico o nacional, convicción ética, de conciencia o religión, condiciones de salud y actividades escolares o laborales, sin poner en riesgo la satisfacción de las otras necesidades básicas.
En referencia al tema de producción y distribución de alimentos, la iniciativa dictamina acciones precisas, pues deja claro el derecho de las personas para contar con las condiciones apropiadas en la producción de alimentos y un desarrollo rural integral y sustentable en las comunidades, que den como prioridad la producción familiar o comunitaria. Por otra parte, para evitar la manipulación de los precios en los alimentos, esta Ley castiga la destrucción o el ocultamiento de alimentos, sobre todo de aquellos componentes constitutivos de las canastas alimentarias, con el fin de elevar precios o con el propósito de afectar el abasto.
Es importante reconocer que el consumo de alimentos en México presenta una paradoja, ya que por un lado existen personas sin acceso alimentario y por otro encabezamos la lista de países con altos índices de obesidad, así que dentro de los derechos establecidos en la Iniciativa Ley General del Derecho a la alimentación Adecuada, se contempla contar con educación nutricional a fin de poder tomar decisiones para un consumo sano y, además se obliga a las empresas a colocar en los paquetes todas las propiedades de los alimentos fabricados.
En aras de no aumentar los gastos administrativos, sino hacer eficientes los recursos existentes, la iniciativa Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada no busca establecer más instituciones, sino aprovechar las plataformas ya existentes, así que propone la creación de la Comisión Intersecretarial Federal del Derecho a la alimentación Adecuada, con el objeto de coordinar acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, con base en el Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y Especiales vinculados a la materia, la Política Nacional Alimentaria y el Programa Nacional Alimentario.
En dicha Comisión los cargos serán honoríficos, y los integrantes de esta serán titulares de las diferentes secretarias relacionadas con el derecho alimentario como SEDESOL que fungirá como coordinador General, SAGARPA, SEDATU, SE, SEP, SEGOB, SHCP, SEMARNAT, SS, STPS y todas aquellas personas que a consideración del ente coordinador requieran alzar la voz en pro de una mejora administrativa, jurídica del tema alimentario.
Es importante destacar que en esta iniciativa queda plasmado el reconocimiento del Estado mexicano a que todas las personas son titulares del derecho a la alimentación adecuada. Por tanto, la alimentación será exigible ante cualquier autoridad del país, en el ámbito de sus competencias y, estas no podrán negar, por acción u omisión, este derecho de forma arbitraria o por razones no justificadas.
Por último, es imperativo destacar que la iniciativa cumple con los instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito en ese rubro, tal es el caso, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además que, corresponde a las necesidades actuales de los ciudadanos mexicanos, e instaura los lineamientos necesarios para el cumplimiento de las normas jurídicas en los temas alimentarios, por lo que su aprobación sería un paso trascendental, para erradicar el hambre en nuestro país y dar una alternativa de inclusión a la población más desprotegida y vulnerable que habita en zonas marginadas de México.
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