__Sep 24 de 2018

Otra lindura más del PRI


RESPUESTA FISCAL


NUEVO LOOK


DESPIDOS EN PEMEX


HIJOS DE LA MALA VIDA


YA VALIÓ


MÁS INSEGURIDAD Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CARACTERIZAN A LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN FEDERAL

Se practica una justicia selectiva: se detiene a quienes se defienden de la criminalidad y del despojo, como líderes de autodefensas y yaquis, mientras se solapa y mantiene impunes a empresas como Grupo México

2014-09-29 21:23:23.-
A dos años de la actual administración federal, la gobernabilidad, la democracia, la seguridad pública, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la honradez y la austeridad republicana en el manejo de recursos siguen ausentes y evidencian la persistente ineficiencia del gobierno, pero además acompañadas de afanes autoritarios, protagónicos y hasta de negligencia criminal.
Así lo manifestaron diputados del GPPRD durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares, a nombre del GPPRD, reconoció ciertos esfuerzos y cierto aprendizaje de la presente administración en temas como la atención de riesgos sanitarios y ambientales, pero reclamó más empeño en éstas y otras áreas para que en al tercer año haya mejores resultados.
Señaló que la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad siguen a nivel de buenas intenciones por la inexistencia de instrumentos para sancionar a los corruptos y a quienes usan los recursos públicos para fines ajenos al beneficio social, como en propaganda política-electoral particularmente en momentos previos a las elecciones de 2015 y en los estados gobernados por el PRI.
Lo mismo sucede –dijo- en seguridad pública y procuración de justicia, temas en los que los resultados sólo son a nivel de propaganda mediática porque en los hechos hay incluso retrocesos graves, como lo muestran los casos de Michoacán, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Quintana Roo y Guerrero, donde las fuerzas policiales fueron expuestas a la infiltración criminal y al desgaste innecesario, y donde además mostraron sus ínfimos niveles de profesionalización.
Cifras emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en agosto de este año indican que durante los primeros seis meses en los que Alfredo Castillo Cervantes se ha desempeñado como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, algunos delitos de alto impacto se han incrementado, por lo que es necesario replantear y revisar la estrategia del Plan Michoacán, puntualizó Arias.
Reclamó que esta carencia de resultados se dé a pesar de que dependencias que instrumentan medidas de coerción, como la Secretaría de Gobernación, haya duplicado su presupuesto conjunto de 2010 a la fecha, mientras las dependencias encargadas de mejorar la salud, educación, medio ambiente y las condiciones de trabajo sólo han aumentado su gasto en 30 por ciento.
Esta situación evidencia que el manejo de programas sociales en la administración del presidente Enrique Peña Nieto es, por decir lo menos, ineficiente, pero lo mismo puede decirse en materia de seguridad pública, pues el 70 por ciento de los ciudadanos consideran a la inseguridad como su principal problema.
En cuanto a protección y defensa de Derechos Humanos, a periodistas, a víctimas de delito y a indígenas los resultados también son únicamente a nivel discursivo.
En el presente gobierno suman ya 476 el número de agresiones a comunicadores y México es el octavo país más peligroso del mundo para quienes ejercen esta profesión, pero especialmente en Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, entidad esta última donde las agresiones a la revisa Luces del Siglo hace urgente un pronunciamiento del gobierno federal.
Hasta ahora, la administración federal se limita a mencionar como avances los cambios en ordenamientos como la Ley General de Víctimas, el Programa de Derechos Humanos, la nueva Ley de Amparo y otras modificaciones legales, pero no las acciones emprendidas porque no las hay.
El perredista reconoció los apoyos dados por la administración federal a la del Gobierno del Distrito Federal en materia de prevención del delito y el pronunciamiento de Enrique Peña a favor de los indígenas, por lo que confió en que –ahora sí- estos pronunciamientos se traduzcan en acciones, específicamente en el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y de verdadera justicia para los yaquis de Sonora.
Fernando Belaunzarán Méndez reclamó los afanes autoritarios de la actual administración y su pretensión de controlar y someter a todos los poderes con la imposición de sus subalternos en ellos, sin importarle el consecuente debilitamiento de las instituciones, como el mismo Congreso de la Unión, y el fortalecimiento de otros poderes, entre ellos el de los criminales.
Se pronunció por el pronto esclarecimiento de la masacre recién perpetrada en Tlataya, Estado de México -caso a punto de ingresar a la historia universal de la infamia- y reconoció la disposición del Ejército para contribuir a ello a pesar de que autoridades mexiquenses quisieron ocultar la información hasta por nueve años.
Urgió a la adopción de una política de drogas diferente pues la actual no sirve para disminuir la criminalidad en torno a ellas y Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, y otras naciones ya cambian su visión al respecto.
Criticó la manipulación gubernamental de cifras sobre inseguridad, criminalidad y delincuencia, especialmente en lo relativo a homicidios y feminicidios, y el derroche sinsentido de recursos, como los dos mil 300 millones de pesos para recabar información sobre identidad de 25 millones de niños que finalmente no será usada.
Rechazó la campaña de desprestigio emprendida por el Gobierno contra el Legislativo para disminuir su composición a través de la reducción de diputados y senadores plurinominales, pues desnuda aún más sus afanes autoritarios y, de concretarse esa pretensión, su partido, el PRI, tendría más del 55 por ciento de legisladores que quedasen a pesar de representar sólo a 31 por ciento de electores.
Y mientras eso busca, por otro lado es incapaz de detener a individuos como Servando Gómez, La Tuta, quien a través de diversas acciones hace política.
Reprochó la justicia selectiva que practica la administración de Peña Nieto. Mientras se reúne y mantiene vigente la concesión a Grupo México a pesar del ecocidio cometido con desechos de su mina Buenavista, en Sonora, y se reúne con su principal accionista, Germán Larrea, y mientras no hace algo contra el gobernador, Guillermo Padrés, quien construyó sin permiso una presa en sus terrenos y luego la desapareció, al mismo tiempo encarcela y enjuicia a dos ciudadanos yaquis por defender su derecho al agua.
Lamentó la pusilánime, gris y ladina actuación de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y expresó la preocupación del GPPRD porque ello obedezca a presiones del Ejecutivo.
Trinidad Secundino Morales Vargas también recriminó la justicia selectiva del Gobierno en Michoacán al detener a personajes como José Manuel Mireles Valverde, fundador de grupos de autodefensa, y la negligencia criminal con la que actúan las autoridades federales ante tragedias como las perpetradas contra los migrantes centroamericanos, los ríos y el medio ambiente de Sonora, ante los cuales sólo responde con anuncios.
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