__Nov 18 de 2018

Otra lindura más del PRI


RESPUESTA FISCAL


NUEVO LOOK


DESPIDOS EN PEMEX


HIJOS DE LA MALA VIDA


YA VALIÓ


DEMANDAN DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL PRD FRENAR ARBITRARIEDADES DEL GOBIERNO DE PUEBLA PORQUE TENSA LA FRÁGIL PAZ SOCIAL

Más que evidentes sus violaciones a derechos humanos con una ley de expropiación que impide notificar, la defensa y el amparo

2014-10-20 23:21:29.-
Diputadas y diputados del GPPRD demandaron a las autoridades poblanas y federales frenar la arbitrariedad gubernamental, el despojo a comunidades y la destrucción del patrimonio cultural perpetrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, el cual persigue, encarcela y tortura a quienes se resisten a ser desposeídos con el pretexto de expropiaciones por supuestas causas de utilidad pública.
A través de un Punto de Acuerdo, Roxana Luna Porquillo, Elena Tapia Fonllem, Lourdes Amaya, Carlos de Jesús Alejandro, Vicario Portillo Martínez, Víctor Reymundo Nájera Medina, José Luis Muñoz Soria, Miguel Alonso Raya coordinador del GPPRD y Aleida Alavez Ruiz vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exigieron la liberación del abogado Adán Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez y Primo Manuel Tlachi Álvarez, quienes precisamente fueron golpeados, encarcelados y torturados tras ser detenidos sin orden judicial el pasado 7 de octubre.
Muy posiblemente aún son castigados, pero es tal la saña del gobierno poblano contra ellos que se les niega el derecho a la libertad bajo caución y podrían ser sentenciados a 54 años de cárcel por oponerse a lo que prácticamente es una confiscación de sus tierras.
El despojo al que se oponen, efectuado para la construcción de la Plaza de las Siete Culturas con base en la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso de Puebla el 14 de marzo pasado, es de 36 mil metros cuadrados pertenecientes a varios vecinos de San Andrés Cholula y en los cuales se ubica una pirámide prehispánica y otros monumentos históricos.
Esta nueva Ley agiliza los embargos al no permitir que los afectados sean notificados en tiempo y forma para asumir su derecho al debido proceso y la defensa legal de sus bienes, pues basta con que se publique en el Diario Oficial la declaratoria de utilidad pública.
Es decir, se trata del despojo rápido y expedito legalizado, pues los afectados se encuentran imposibilitados de recurrir a los tribunales o al amparo a pesar de que el nuevo ordenamiento va contra la Constitución General de la República, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Constitución de Puebla, disposiciones internacionales y otros ordenamientos.
Ante ello, a los ciudadanos cholultecos, encabezados por Adán Xicale Huitle, no les quedó más camino que conformar el Círculo de Defensa del Territorio de Cholula, demandar una consulta pública sobre este lesivo proyecto, clausurar simbólicamente la Presidencia Municipal y plantarse frente a sus instalaciones ante el incumplimiento del alcalde Leoncio Paisano Arias de apoyarlos y defender el patrimonio cultural.
Intempestivamente, cerca de las 3:30 horas del 7 de octubre, policías municipales, estatales y ministeriales iniciaron un violento operativo para desalojar a los manifestantes y, a punta de toletazos y sin orden de aprehensión, detuvieron a Adán Xicale, a su hijo Paul Xicale, a Primo Manuel Tlachi y a Albino Tlachi, ante lo cual los vecinos repicaron las campanas para pedir auxilio al resto de la población.
En resumen, nuevamente el gobierno de Rafael Moreno Valle violentó los derechos de los poblanos, en particular los de las comunidades indígenas, y criminalizó a quienes protestaron para defender tales derechos, con lo cual y tensó una vez más la frágil paz social de la entidad en aras de imponer su proyecto.
Los legisladores perredistas reiteraron su demanda a los ejecutivos Estatal y Federal, así como a organismos defensores de Derechos Humanos, a no dejar que escale un conflicto porque sus consecuencias pueden ser imprevisibles.
Insistieron en la liberación de los detenidos; cesar su hostigamiento, persecución y procesamiento; cancelar el mencionado proyecto, y realizar consultas previas, libres e informadas sobre éste o cualquier otro semejante con base en las normas vigentes
Las diputadas y los diputados plantearon la necesidad de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia valore si la Plaza de las Siete Culturas se apega a las leyes de protección y resguardo de monumentos y a actuar en consecuencia.
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