__Sep 26 de 2018

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CONSIDERA GPPRD UN GRAN AVANCE EL DICTAMEN SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ, PERO AÚN INSUFICIENTE

La situación de alerta que vive el país, que impacta en violencia, homicidios y violaciones en su contra, hace necesario un mayor avance

2014-10-23 20:44:21.-
Al votar a favor el proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porque a pesar de sus insuficiencias, entre otros avances, crea la Procuraduría para su defensa, diputados del GPPRD urgieron a ponerla en práctica con los medios y presupuestos suficientes y a no ceder ante presiones de grupos oscurantistas que impiden avanzar en su protección.
Verónica Juárez Piña, como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, fundamentó el dictamen al señalar que constituye un avance para armonizar las diversas legislaciones existentes en el país, impulsar su consonancia con tratados y convenciones internacionales, y ser la primera de otras que se requieren.
Además, cumple, entre otros objetivos, el apegarse a la Constitución en materia de Derechos Humanos, generar mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, obligar a que se destinen presupuestos suficientes para garantizar su realización e incluir un Catálogo de derechos.
Crea, a nivel federal y local, las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes adscritas a los sistemas DIF; el Sistema de Protección Integral de Derechos y el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social.
Faculta a procuradurías de protección a autorizar, registrar y certificar a estos centros; prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, transversales, con perspectivas de derechos humanos y mecanismos de seguimiento y evaluación a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval).
También prevé la creación de programas nacionales y estatales, y la coordinación operativa a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral, que será un órgano administrativo desconcentrado de Gobernación con funciones de secretaría ejecutiva, así como la creación de un Sistema de Información.
Establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años; la gratuidad del registro; la presunción de paternidad o maternidad cuando hay rechazo a hacerse la prueba; las opciones de acogimiento familiar con preferencia residencial, las competencias y plazos para adopción de medidas de protección especial, entre otras.
A pesar de la diversidad de temas incluida en la minuta, algunos de ellos controversiales, Juárez Piña la consideró un gran resultado producto del consenso y del esfuerzo de muchos sectores de la sociedad, así como parte del pago de una deuda del Estado Mexicano con millones de niños, niñas y adolescentes.
Al posicionar al GPPRD respecto a este dictamen, Alliet Bautista Bravo enfatizó la necesidad de crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que también son víctimas de violencia, abusos y abandono que agravia a 275 millones en el mundo, a grado tal que cada año mueren por homicidio 34 mil menores de 15 años en nuestro país.
De acuerdo con Unicef, en México 71 por ciento de niños, niñas y adolescentes recibe algún tipo de violencia por parte de su padre o madre (26 por ciento violencia física grave, 25.6 leve y 19.5 violencia psicológica).
En México –dijo-, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia registró en 2009 el maltrato a 21 mil 60 niñas y de 19 mil 89 niños. Estudios internacionales revelan que cerca del 20 por ciento de mujeres y hasta 10 por ciento de hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que 23 por ciento de personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, nuestro país ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Datos de la PGR e instituciones de seguridad internacional detectan un aumento de cuentas personales en internet donde se exhiben imágenes de explotación sexual a menores de edad cuyas edades oscilan de los 4 a los 16 años: en 2010 eran 580, en 2012, siete mil, y en 2013 más de 12 mil.
Como en años anteriores, refrendó el compromiso del GPPRD para incrementar el Presupuesto del Estado para este sector. En 2012 fueron 570 mil millones de pesos, en 2013 más de 599 mil millones, en 2014 más de 655 mil millones y para 2015 se discute si 705 mil millones propuestos por el Ejecutivo son suficientes.
Si queremos tener nuevos ciudadanas y nuevos ciudadanos tenemos que invertir en nuestra niñez, puntualizó.
Amalia García Medina criticó que el interés superior de la niñez migrante haya quedado en este dictamen a cargo del Instituto Nacional de Migración y no del DIF, pues éste prioriza los derechos de este sector y aquél su carácter migratorio legal o ilegal.
Argumentó que, antes que migrantes, los niños son tales y no importa de dónde vengan o vayan, por lo cual debe estar por delante la protección de sus derechos y no el regresarlos a sus países de origen por carecer de documentos, aunque hayan salido de ellos porque ahí se les asesina.
Es el caso de los hondureños, donde los homicidios en su contra en su país incluso superan a México -que ya es mucho decir- y a quienes, en lugar de regresarlos, se les debe dar refugio para garantizar su interés superior.
En el mismo sentido, al razonar su voto a favor, Josefina Salinas Pérez también reconoció como un avance esta ley, pero la consideró tardía, inacabada y en riesgo de quedar en mero discurso en tanto carezca de presupuesto insuficiente y sea obstaculizada por grupos que insisten en permanecer en el oscurantismo.
Ante la situación de alerta que vive todo el país, consideró imperativo que el Estado Mexicano actúe para generar políticas públicas de protección a los jóvenes. No más adolescentes desaparecidos, jóvenes utilizados por la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades, y niñas y niños entre los daños colaterales por la violencia en que vivimos, apuntó.
Martha Lucía Mícher Camarena felicitó el consenso logrado en muchos temas, pero lamentó el desapego en otros, a pesar de que el Estado Mexicano está obligado por tratados y convenciones internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención de los Derechos del Niño; el Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Económicos; el Consenso y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo; el Consenso de Montevideo, y el Programa de Acción del Cairo en materia de Derechos Humanos y servicios de salud reproductiva y sexual.
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