__Sep 24 de 2018

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EL GOBIERNO FEDERAL DEBE CAMBIAR SUS POLÍTICAS O EL PAÍS IRÁ RUMBO AL ESTALLIDO SOCIAL: LIZBETH ROSAS

Conmina a que el sustituto de Ángel Aguirre Rivero en el Gobierno de Guerrero sea alguien con calidad moral, independiente de los grupos, que no tenga ningún vínculo con corriente alguna del PRD, capaz de conducir una investigación empática con las víctimas imparcial, transparente, y de restablecer el orden

2014-10-25 00:05:22.-
Ante el fracaso del actual Ejecutivo Federal de salvar al país y conducirlo a la paz, como se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, y ante el hecho de que más bien lo hunde en mayor violencia, violación de derechos humanos, impunidad y complicidad de las propias autoridades con la criminalidad, la diputada federal perredista Lizbeth Rosas Montero exigió a su titular, Enrique Peña Nieto, virar su política de seguridad pública y dar resultados, pues de lo contrario su ineficiencia conducirá al país a un estallido social.
Como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública y la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Originados en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, apuntó que no sólo es éste el caso de barbarie perpetrado en los últimos años, sino muchos más en todo el país, porque el gobierno desatiende su función de conducir al Estado Nacional para bien de la población y se comporta más bien como su gerente para practicar el capitalismo de cuates.
Por ello mismo, no es suficiente la renuncia de un gobernador, como el de Guerrero, sino que es necesario un viraje en la política de seguridad pública y procuración de justicia -pues la que se aplica no sirve-, la sustitución de funcionarios de los más altos niveles y la intervención en todos aquellos municipios donde se requiera.
No sólo es Guerrero, sino todas las entidades donde la inseguridad causada por el crimen organizado y el narcotráfico las que evidencian la desarticulación y fragilidad institucional, y la depredación del Estado de Derecho y los sistemas sociales.
El asesinato y desaparición forzada de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala sólo expuso esto del modo más descarnado, pero también están los gravísimos casos de Tlatlaya, en el Estado de México; en Michoacán y su doble gobierno; de San Fernando, Tamaulipas, y otros estados en los que literalmente donde sea se descubren fosas con restos de víctimas de criminales coludidos con autoridades.
En Guerrero, además, se manifestó nuevamente la ineptitud de las autoridades ministeriales estatales y federales al realizar investigaciones lentas, deficientes, desordenadas y hasta manipuladoras, por lo que se debe fincar responsabilidades a sus titulares, como en el caso del Procurador de ese estado, cuyo personal manipuló evidencias, incumplió protocolos y retrasó peritajes.
Para la legisladora Rosas Montero, al titular de la PGR también se le deben fincar responsabilidades por su dilación en actuar por oficio y atraer el caso ante la evidente configuración del delito de desaparición forzada de personas, tal como lo estipula la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Informó que por ello solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos citar a declarar a ambos funcionarios, así como al Secretario de Seguridad Pública del estado y a funcionarios del Ayuntamiento de Iguala para saber qué pasa y pasaba en ese municipio.
Para ella, el gobierno federal sigue ausente en este caso porque se resiste a tomar decisiones de fondo y persiste en responsabilizar sólo a autoridades estatales, cuando a nivel nacional hay desconfianza ciudadana por la enorme corrupción, complicidad e impunidad de las autoridades de todos los niveles.
Nuevamente Guerrero lo evidenció: desde hace un año, el entonces gobernador denunció ante la autoridad federal la configuración del delito de delincuencia organizada en esa entidad, pero esta autoridad no actuó sino hasta que el clamor nacional y mundial lo exigió tras el asesinato de estudiantes y desaparición forzada a manos de policías de Iguala y muchas otras agresiones contra los jóvenes, estudiantes o no, en una aparente espiral sin fin de violencia hacia ellos en todo el país.
Penosamente, no vemos ni en el gobierno federal y menos aún en los gobiernos estatales y municipales de todo México una mínima voluntad de revertir esta gran tendencia de violencia e impunidad, lamentó la parlamentaria.
Frente a ello, exhortó a los legisladores y actores políticos en general, pero en especial a los integrantes de las comisiones mencionadas, a dignificar al Congreso y actuar con seriedad y abonar al cumplimiento del objetivo principal, que es encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos, así como a encontrar y castigar a los culpables materiales e intelectuales, y a los responsables de acción u omisión en los gobiernos federal, estatal y municipal.
Los conminó a promover que el sustituto de Ángel Aguirre Rivero en el gobierno de Guerrero sea alguien con calidad moral, independiente de los grupos, que no tenga ningún vínculo con corriente alguna del PRD, capaz de conducir una investigación imparcial y transparente, y de restablecer el orden.
Advirtió que el país no está más para protagonismos de colores partidistas, por lo que si los diputados no sirven ahora a la comunidad, entonces sirven para nada.
Emplazó al titular del Ejecutivo, a su Secretario de Gobernación y a su Procurador General a dar resultados en una semana y cambiar su política de seguridad y procuración de justicia porque la actual –insistió- a todas luces no sirve.
Asimismo, Rosas Montero le solicitó al diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Originados en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, realizar las gestiones para establecer las reuniones necesarias con las víctimas sobrevivientes y con los familiares de las víctimas, a la brevedad; así como elaborar un informe preliminar sobre los resultados obtenidos por esta comisión y se remita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
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