__Sep 24 de 2018

Otra lindura más del PRI


RESPUESTA FISCAL


NUEVO LOOK


DESPIDOS EN PEMEX


HIJOS DE LA MALA VIDA


YA VALIÓ


POSICIONAMIENTO DE LA DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO, ANTE EL ANUNCIO DE LA PGR SOBRE EL CASO DE IGUALA

2014-11-08 00:41:29.-
Ante el anunció que esta tarde hizo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre el caso de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, debo precisar lo siguiente:
Promoveré ante la comisión especial que, través de la relación que se estableció con el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, se exija al gobierno federal el apoyo internacional con peritos NEUTRALES altamente especializados y con la colaboración de laboratorios internacionales que puedan auxiliar a México, en la plena identificación de los restos que ha informado hoy la PGR, DE MANERA TRANSPARENTE Y CON EL AVAL DE ORGANISMOS INTENACIONALES, Que brinden la mayor certeza y certidumbre posible, a las víctimas de estos deleznables hechos.
Exijo al gobierno federal, que si está considerando, hacer un llamado para UN ACUERDO POR LA SEGURIDAD, en este acuerdo debe estar de manera obligada el Poder Judicial de la Federación, ya que constantemente ha demostrado ser un eslabón por donde el crimen organizado ha encontrado la fuga o las suaves y leves sentencias, debido a que muchos de los jueces han dejado gozar de total impunidad a los criminales y delincuentes, a causa de que son irrisorios los casos que han llegado a la privación de la libertad por lavado de dinero; en este acuerdo no se puede evadir el Poder Judicial, los jueces tiene que ser parte fundamental de dicho acuerdo porque si no estaría incompleto el cerco a la impunidad.
Exijo también que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público RINDA UN INFORME por qué la Unidad de Inteligencia Financiera NO DETECTÓ EL LAVADO DE DINERO FLAGRANTE y que de manera por demás visible exhibió la familia Abarca:
La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue creada mediante decreto de fecha 7 de mayo de 2004, con la finalidad de recibir, recopilar y analizar, en el ámbito de su competencia, las pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre la comisión de las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Terrorismo y de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales se encuentran previstos en los artículos 139 y 400 Bis del Código Penal Federal, además de tener la obligación de integrar los expedientes respectivos de las actividades que en su ámbito de acción pudieran y debieran detectar, y en su caso hacer del conocimiento dichos actos, del Ministerio Público, para que a su vez, éste pudiera actuar en el ejercicio de sus atribuciones.
Es importante señalar que la Unidad de Inteligencia Financiera ha suscrito más de 40 acuerdos de entendimiento sobre intercambio de información de inteligencia financiera, con sus homólogas extranjeras, independientemente de que puede realizar intercambio de información con otros 131 países que cuentan con Unidades de Inteligencia Financiera.
Por lo anterior, resulta INCREÍBLE Y SOSPECHOSO el hecho de que esta Unidad no haya realizado las denuncias correspondientes para iniciar una investigación formal sobre las cuantiosas propiedades de José Luis Abarca Velázquez, ex presidente Municipal de Iguala y de su familia, las cuales hasta el momento ascienden a 31 inmuebles, entre casas y departamentos, nueve empresas de diversos giros y 13 joyerías, ubicadas en diferentes estados de la república, sin que se pueda explicar de dónde salió el dinero para adquirirlas, ya que ningún servidor público puede justificar tal cantidad de negocios y propiedades, obtenidos con su salario como servidor público.
Por otro lado, y como lo señala el inciso b) del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera realizar la presentación a la Secretaría de Hacienda, de reportes sobre los actos, operaciones y servicios que las entidades obligadas a ello realicen con sus clientes y usuarios, así como de todo acto, operación o servicio que, en su caso, realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados de dichas personas obligadas, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 15 del mismo reglamento y que se refiere al establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Terrorismo y lavado de dinero, lo cual y como resulta evidente, dicha Unidad, no llevó a cabo. Por ello, no sólo deben investigarse las actividades de las empresas, sino de los socios, administradores y directivos de las mismas.
Como lo señalé anteriormente, es imposible que la Unidad de Inteligencia Financiera no hubiera encontrado señales, indicios o rastros de actividades ilícitas por parte de José Luis Abarca Velázquez, ya que de acuerdo a sus propios informes durante el sexenio anterior, la Unidad de Inteligencia documentó el presumible lavado de 109 mil 254 millones 173 mil 391 pesos en el sistema financiero de México; entonces debemos entender que la Unidad cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para realizar sus actividades, y esto nos lleva a pensar que no quiso encontrar ningún indicio que le permitiera denunciar las actividades de este personaje ante el Ministerio Público, como lo tiene mandatado por ley.
Por otro lado, en caso de que lo haya encontrado y denunciado es necesario que se documente y se informe a la opinión pública, cuándo y por qué motivos se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes, para estar en posibilidad de exigir que se investigue por qué las autoridades en su momento no procedieron en contra José Luis Abarca Velázquez.
Todo lo anterior es de absoluta relevancia, debido a que resulta inverosímil y absurdo que de todas las autoridades locales, estatales y federales que debieron haber tomado medidas sobre sus actividades, ninguna lo hizo; de tal suerte que ha quedado plenamente demostrado que no fue un acto aislado de prepotencia, de violencia o ilegalidad lo que ocasionó los terribles hechos del 26 y 27 de septiembre, sino que fue la culminación de una serie de actos arteros, impunes y criminales del ex presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, y que éstos pudieron haberse evitado si las autoridades responsables hubieran actuado conforme a su responsabilidad.
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