__Sep 23 de 2018

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ES TIEMPO DE QUE EL EJÉRCITO VUELVA A LOS CUARTELES Y DE QUE LOS MILITARES QUE HAYAN COMETIDO DELITOS SEAN PROCESADOS

El coordinador del GPPRD demandó a las autoridades policiacas, ministeriales y judiciales cumplir su tarea en el combate a la criminalidad

2015-01-20 02:29:18.-
Al pronunciarse por el retorno del Ejército a los cuarteles para abocarse a las tareas que legalmente le competen y evitar que algunos de sus elementos participen en crímenes horrendos -en lugar de combatirlos-, como el de las desapariciones forzadas, el coordinador del GPPRD, Miguel Alonso Raya, demandó a autoridades policiacas, ministeriales y judiciales cumplir realmente su tarea a fin de abatir la inseguridad, la delincuencia y la impunidad en el país.
El legislador inauguró el Foro Sobre Desaparición Forzada de Personas organizado por su correligionario José Luis Esquivel Zalpa, donde aclaró que nadie pretende desprestigiar al Ejército Mexicano como institución, pero tampoco nadie puede negar que ciertos integrantes de sus filias participaron en agresiones y desapariciones de muchos mexicanos, como en 1968, 1971, la guerra sucia y, más recientemente, en hechos como los de Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero.
Calificó a la desaparición forzada como un crimen de Estado horrendo y espantoso que sufre no sólo la víctima directa, sino también sus familiares, amigos y demás personas cercanas porque, al desconocer si vive, dónde está, quién lo tiene o si falleció y, en tal caso, dónde están sus restos, los aniquila lentamente.
El caso se vuelve aún más grave cuando todo esto acontece con la complicidad, en la mayoría de los casos, de las autoridades. El crimen y la delincuencia organizada no podrían existir ni funcionar si funcionaran las instituciones del Estado y sus aparatos de inteligencia y seguridad; si se combatiera en serio a la impunidad, puntualizó.
Apuntó que aún bajo la presunción de que las víctimas fuesen integrantes del crimen organizado, cuando menos debería haber lo elemental: investigación, detención, encarcelamiento y procesamiento de quienes cometen los delitos. Es decir, debería funcionar lo básico y elemental del Estado y sus instituciones.
Nadie pide más allá. Lo que pedimos es que se haga lo que debiera hacer toda institución en la que se invierte para combatir la inseguridad, para la procuración de justicia y para la impartición de la misma. Si cada quien hiciera lo que le corresponde, no deberíamos tener latrocinios de esta naturaleza; no tendría por qué haber crecido como crecieron las organizaciones delincuenciales y las dedicadas a la extorsión o a la desaparición de personas, como sucede, reiteró.
Por ello consideró indiscutible que el de desaparición forzada es un crimen de Estado, pues tiene que ver con sus organizaciones.
En este punto reiteró que no se pretende poner en la picota ni desprestigiar, como institución, al Ejército, pero tampoco se puede dejar de responsabilizar a algunos de sus elementos –incluso retirados o jubilados- por participar directamente en hechos cuya repetición ya no debe permitirse, como el del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero, y los Tlatlaya, Estado de México.
Para el diputado Miguel Alonso Raya, el gobierno debe dejar de obligar al Ejército a hacer cosas para las que no está facultado. Por lo mismo, debe regresar a los cuarteles en un tiempo y un proceso determinado. A su vez, los órganos del Estado encargados de la policía, la seguridad, y la procuración e impartición de justicia deben cumplir la parte que les corresponde en una normalidad democrática.
Aquí acontecen cosas totalmente al revés, en donde la desesperación termina por vencer a la gente o por meterla en una ruta de incertidumbre por no saber, a final de cuentas, el paradero ni qué le pasó a su hija, su hijo, su familiar, etcétera. Cuando por lo menos se logra saber con claridad qué pasó, dónde está, si está detenido, pues ya se entra al litigio correspondiente. Entonces, ésta es una responsabilidad, indiscutiblemente, de los órganos del Estado Mexicano, concluyó.
Por convocar a este foro en un momento tan crítico y tan delicado como el que vive el país por hechos tan lamentables como éste, felicitó al diputado Esquivel Zalpa, quien definió la magnitud de este ilícito en nuestro país como una tragedia humanitaria, pues ha agraviado a miles de personas.
Señaló entre los objetivos de este foro el poner a disposición del escrutinio público las diversas iniciativas legislativas presentadas en esta Cámara, desatar la discusión a nivel nacional sobre el tema e impulsar los cambios legislativos necesarios para el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
No es un asunto de un partido o de un gobierno, es un asunto de Estado donde no caben dilaciones, pretextos o chantajes, enfatizó.
Recordó que el 11 de diciembre pasado presentó una iniciativa de reforma en la que aclara que este crimen puede ser cometido tanto por funcionarios públicos como por particulares incitados, organizados o solapados por aquéllos, por lo que este crimen debe ser considerado de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
Se trata de que las autoridades no rehúyan su responsabilidad con el pretexto de que la desaparición forzada la cometieron particulares, pues en tal caso, si éstos no son identificados, detenidos ni procesados, se crea una auténtica indefensión para la víctima y sus familiares, pues ésta simplemente desapareció.
Este indignante estatus permite a los agresores disponer de la víctima sin freno ni limitación legal, social o moral alguna, y crea un ambiente de impunidad, pues no hay culpables ni resultados concretos. Además, con una persona cuyo destino se desconoce, en definitiva se eliminan todos los supuestos que configuran un hecho delictivo, es decir, no hay delito; por último, quienes lo cometen, procuran generar miedo y desorientación entre los familiares y en la población en general.
Citó numerosos casos en que esto ha sucedido, como la brutal, traumática y horrenda agresión contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, respecto de la cual hay 80 detenidos –entre ellos, 61 policías-, todos detenidos por secuestro, homicidio y delincuencia organizada, pero ninguno por el delito de desaparición forzada.
Este hecho significa un parteaguas en la historia del país, y ha devenido en un reclamo nacional para que el baño de sangre llegue a su fin y se logre que el Estado reconozca sus responsabilidades frente a las victimas e inicie un proceso de limpieza y de lucha contra la corrupción realmente efectivo, señaló.
Recordó que el 21 de febrero de 2013, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que el subsecretario anterior entregó una lista con más de 27 mil desapariciones de este tipo, pero no hay un solo consignada ni sentenciado por el delito de Desaparición Forzada de Personas, pues todos los casos son manejados como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad.
Ante el hecho de que la impunidad es la regla porque la ley es letra muerta y porque las instituciones encargadas de dar seguridad a los mexicanos no funcionan, consideró necesario, además de las reformas a que haya lugar, que las autoridades cumplan su obligación.
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