__Sep 18 de 2018

Otra lindura más del PRI


RESPUESTA FISCAL


NUEVO LOOK


DESPIDOS EN PEMEX


HIJOS DE LA MALA VIDA


YA VALIÓ


PRESENTA GPPRD INICIATIVA PARA CREAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y DE FISCALIZACIÓN

2015-02-11 22:40:17.-
La corrupción y la impunidad que imperan en las instituciones públicas del país desde hace décadas, es el más grave problema que enfrentamos, es una enfermedad terminal del sistema político, que se resiste a desaparecer; por el contrario, se robustece, se multiplica y crece a niveles exponenciales con estructuras y estrategias que se reproducen casi a diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados sostiene la posición de que el órgano que se encargue de combatir la corrupción no puede depender del Ejecutivo, y está a favor de que la Secretaría de la Función Pública transite hacia el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.
Las diputadas y los diputados federales del PRD recogemos las propuestas sustantivas de la Red para la Rendición de Cuentas y, por tanto, proponemos, a través de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización:
1. Rediseño institucional en materia de rendición de cuentas. Consideramos de la mayor importancia hacerlo en la lógica de fortalecer el combate a la corrupción, desde el terreno de la transparencia y la rendición de cuentas, en un entorno de democracia, de escrutinio público y de control estricto de la hacienda pública.
2. Conflicto de interés. Una base constitucional para establecer la obligación conjunta de declarar los intereses particulares, la declaración patrimonial, así como su declaración de impuestos, con el propósito de que estos instrumentos sean compulsados por las autoridades del sistema nacional de fiscalización y anticorrupción, para los efectos legales a que haya lugar.
3. Extinción de dominio. Que les sean aplicadas a los servidores públicos y a quienes cometan actos de corrupción, la extinción de dominio del artículo 22 constitucional, sin hacer distinción u excepción, de uno u otro delito, para inhibir de una buena vez la comisión de estos delitos, con acciones que combatan decididamente el enriquecimiento ilícito en el que incurren los servidores públicos y los particulares que delinquen con toda impunidad en detrimento del patrimonio del Estado.
4. Verdadero Sistema Nacional Anticorrupción. Creación de un Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización integrado, encabezado por la Auditoría Superior de la Federación, que sea el eje articulador de un sistema tanto de fiscalización como del combate a la corrupción; también fortalecer las facultades de los entes de fiscalización locales, con una clara coordinación y vinculación.
5. Servicio Civil de Carrera Nacional. Para combatir de manera eficaz la corrupción, el sistema debe contar con auditores profesionales formando parte de la estructura de la propia Auditoría Superior, de los entes de fiscalización locales, de todos los órganos de control de las entidades públicas federales locales, y de los órganos constitucionales autónomos tanto nacionales como locales, incluso de los órganos de control de las instituciones federales y locales del Poder Judicial y que los titulares de todas estas instancias sean nombrados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.
6. Facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Que se adelante la presentación de la Cuenta Pública y que su revisión culmine en el mismo año en que se presenta y que la ASF pueda ejercer sus nuevas funciones sin las limitaciones de los principios de anualidad y posterioridad.
7. Nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de corrupción con mayor fuerza y contundencia y que para ello pueda expedir una Ley General de Responsabilidades Administrativas.
8. Tribunal de Cuentas de la Federación. Para que conozca de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares y resuelva conforme a la estricta aplicación de los principios de la justicia y la legalidad que tanto necesita nuestra vida institucional.
9. Atenuar el Régimen Presidencialista. Que se le considere al Presidente de la República expresamente en su función como servidor público y, por lo tanto, se elimine el régimen de excepción que protege a la persona y no a su función; en consecuencia, pueda ser acusado por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, conflicto de interés, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves del orden común.
Más noticias de esta edición