__Nov 18 de 2018

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COMISIONES PRETENDEN DAR ALBAZO EN LEY GENERAL DE AGUAS, ADVIERTE ALEIDA ALAVEZ RUIZ

Diputados denuncian desaseo legislativo de las comisiones dictaminadoras; dictamen no se entregó en tiempo reglamentario de cinco días

2015-03-04 22:55:29.-
Las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado y de Recursos Hidráulicos pretenden dar el albazo legislativo y aprobar en unas horas el dictamen a la Ley general de Aguas elaborada desde las oficinas de Conagua, acusaron los diputados Aleida Alavez Ruiz, Javier Orihuela García y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al tiempo que hicieron un llamado a la responsabilidad y a velar por los derechos de los mexicanos.
Los legisladores pidieron estar conscientes de que una reforma de este talante significa la supervivencia de grandes grupos poblacionales donde de por sí el vital líquido es escaso. No podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica.
Denunciaron desaseo legislativo por parte de comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y la de Recursos Hidráulicos que en su premura por aprobar de facto un dictamen que no fue consensuado con las organizaciones civiles, violaron el reglamento y no enviaron el predictamen en el tiempo establecido de cinco días, sino apenas hace unas horas.
En la antesala del Día Mundial del Agua resulta paradójico que nuestro país vaya contra la tendencia y experiencia mundial que busca cuencas autosustentables y que los trasvases se operen sólo en casos de emergencia, no como una política pública, como lo pretende la iniciativa de Conagua, comentaron.
Ante esta situación, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que diputados de izquierda rechazan esta iniciativa privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al agua al considerarlo una mercancía.
Calificó de preocupante la urgencia por aprobar este dictamen, que es tan o más trascendental que la reforma energética, porque los seres vivos no podemos vivir sin agua; por lo que pidió analizar también la iniciativa ciudadana que promueve la sustentabilidad y se opone a la mercantilización del vital líquido. Esta iniciativa, agregó, es avalada por más de 50 diputados.
Una cosa es que el agua sea un factor económico y otra que se convierta en una mercancía, sobre todo en país inmerso en una crisis económica y con baja disponibilidad de agua.
En la iniciativa que están a punto de dictaminar las comisiones de Agua Potable y Alcantarillado y de Recursos Hidráulicos, dijo, hay riesgos jurídicos en las concesiones, trasvases, transparencia, política pública, derechos preferentes y, por si fuera poco, el derecho humano al agua.
Por ello, demandó desaparecer de la ley los trasvases –infraestructura para desviar agua de una cuenca a otra—y sólo permitirlos en casos de emergencia, porque los excedentes hídricos son muy limitados.
Además, agregó, la iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas señalado en el Artículo Segundo Constitucional, como el caso del pueblo Yaqui y el Acueducto Independencia.
Aseguró que la iniciativa peñista elimina el ámbito de la asignación (sólo se queda para el suministro de agua potable) y se sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30 años.
Explicó que al menos 10 puntos deben ser incluidos en la ley: el reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; garantizar la participación social amplia en todos los órganos y organismos de administración y gestión del agua; garantizar el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad; contar con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados; establecer las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección de los humedales.
Asimismo Incluir los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas, así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental; garantizar presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual; incluir el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones; prohibir las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos; crear la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano desconcentrado.
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